- La demandante, Tang Hui, fue encerrada en un centro por protestar por la violación y prostitución de su hija
EFE / Pekín
La mujer que desató el debate en China sobre los controvertidos campos de reeducación (laogai), al ser encerrada en uno tras protestar por la violación y prostitución de su hija durante años, ha presentado una demanda contra esa prisión para exigir una compensación y disculpas. Según ha informó este miércoles la agencia oficial china Xinhua, la demandante, Tang Hui, pidió la suma de 400 dólares (300 euros) en concepto de daños y perjuicios por su detención y una disculpa por escrito que se incluya en el pliego de cargos que presentó contra ella el Tribunal Intermedio de Yongzhou, en la provincia de Hunan (sur), donde fue juzgada.
El año pasado, Tang se plantó frente a los edificios gubernamentales de su localidad e inició una marcha para pedir mayores castigos contra los culpables de violar a su hija en 2006, cuando tenía once años, y de forzarla a prostituirse durante años. También pidió que dos policías locales fueran castigados por violar a la menor y defender a las mafias de la prostitución. En lugar de ello, Tang fue declarada culpable de "disturbio social" y condenada a un año y medio de reeducación.
Ola de críticas
La condena causó una ola de críticas en las redes sociales chinas e incluso protestas en artículos de la principal publicación comunista, el 'Diario del Pueblo', que posibilitaron que Tang quedara en libertad tras ocho días de encierro. Creado en 1955, durante los primeros años del régimen comunista fundado por Mao Zedong, el sistema de campos de reeducación sirvió para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra "derechistas" de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Los "laogai" también se han utilizado para encerrar a "ciberdisidentes" (personas que criticaron al Gobierno chino a través de Internet), padres que violaron la política de "un sólo hijo" o miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999. Según grupos pro derechos humanos críticos con Pekín, estos campos de trabajo, muchos de ellos situados en emplazamientos secretos, tienen a cientos de miles de internos sin sentencia judicial (hasta 300.000, según algunas ONG). China firmó en 1998 la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que prohíbe los trabajos forzados.
