El magistrado envía el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como le solicitó la fiscalía
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha concluido la investigación abierta a las autoridades chinas por el genocidio tibetano en los años 80 y 90 del siglo pasado en aplicación de la nueva ley que limita la justicia universal. El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha elevado el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –el tribunal superior- para que este órgano decida si archiva la causa o presenta una cuestión de constitucionalidad. En esta causa están imputados, entre otros, los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin o el ex primer ministro Li Peng. El gigante asiático ha presionado por vía diplomática al Gobierno español para lograr el cierre de la investigación. Estas presiones, que incluyen amenazas económicas –China posee el 20% de la deuda española en manos extranjeras- están detrás de la modificación legislativa exprés que deja virtualmente sin efecto la potestad de los jueces españoles de enjuiciar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del territorio nacional.
El juez Moreno es el que más se ha ajustado a la petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional. El ministerio público considera que en los procedimientos sumarios —aquellos en los que se dirimen delitos castigados con penas superiores a los nueve años de prisión— la competencia de resolver el sobreseimiento recae “de forma excluyente” en el tribunal superior que ha de juzgar los hechos, en este caso la Sala de lo Penal. Según el ministerio público, los instructores de las causas de justicia universal deben concluir los sumarios de forma “urgente” y elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal para que resuelva si es procedente archivar o no la causa de acuerdo con la nueva ley.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el pasado 10 de febrero, mientras se tramitaba la reforma legal de la justicia universal, una orden internacional de detención contra el expresidente de China Jiang Zemin y contra el exprimer ministro Li Peng por delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma del Tíbet. La orden del magistrado, que deriva de una querella interpuesta en 2008 por el Comité de Apoyo al Tíbet y un lama tibetano de nacionalidad española, se extiende contra otros tres antiguos dirigentes políticos y militares del Partido Comunista Chino (PCCh).
Será el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que resuelva sobre los recursos que se interpongan en las causas de justicia universal que llevan los magistrados. El ministerio público apunta también que el tribunal puede “adoptar la decisión que estime procedente en relación con la constitucionalidad de la citada normativa”, en referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringe la justicia universal y que establece que “quedarán sobreseídas” aquellas causas que no encajen en los requisitos de la nueva normativa.
