>> El régimen de Pekín aprueba su primera ley antiterrorista, que aumenta la vigilancia en internet
Aprovechando la psicosis terrorista mundial tras los atentados de París y el derribo de un avión de pasajeros ruso en Egipto, el autoritario régimen chino se armó este domingo con su primera ley antiterrorista. Una regulacióncriticada en Occidente por reforzar sus controles sobre internet y restringir la información, ya que obliga a las empresas tecnológicas a desvelar sus claves de encriptado si la Policía se lo pide y prohíbe difundir noticias e imágenes de ataques terroristas para impedir su imitación. Además, la ley permitirá al Ejército y la Policía llevar a cabo operaciones militares en el extranjero, pero estas dependerán de los acuerdos de China con otros países. Todo con tal de evitar secuestros y asesinatos como el del ciudadano chino Fang Jihui en Siria o atentados como el que costó la vida a tres directivos de una empresa de ferrocarriles en Bamako en noviembre.
Por unanimidad de sus 159 diputados, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Parlamento orgánico del régimen), aprobó esta normativa que despierta recelos entre los grupos defensores de los derechos humanos y en algunos gobiernos. De hecho, hasta el presidente de Estados Unidos,Barack Obama, mostró su preocupación al respecto a su homólogo chino, Xi Jinping, durante uno de sus últimos encuentros.
A pesar de estas advertencias, Pekín insiste en la necesidad de dicha ley debido al creciente peligro terrorista, sobre todo en la convulsa región musulmana de Xinjiang. Durante los últimos años, cientos de personas han muerto en ataques y enfrentamientos con la Policía y el Ejército en esta remota provincia del oeste de China donde buena parte de sus habitantes, de etnia uigur, aspiran a la independencia. «Nos enfrentamos a serias amenazas, especialmente de las fuerzas del Turkestán Oriental», argumentó, según Reuters, el director de la división antiterrorista del Ministerio de Seguridad Pública, An Weixing, quien utilizó el nombre que proclaman los separatistas de esta región de Asia Central que tiene fronteras con Afganistán y Pakistán.
Mientras Pekín asegura que la violencia en Xinjiang está provocada por grupos terroristas ligados al yihadismo, el movimiento uigur en el exilio sostiene que se debe a las protestas contra su represión. Al margen de sus causas, los últimos ataques a machetazos o con bombas caseras demuestran la escasa infraestructura de los violentos, pero también su determinación para perpetrar atentados más brutales si estuvieran mejor armados. La situación en Xinjiang es tan sensible que el régimen chino acaba de expulsar a la corresponsal del medio francés «Le Nouvel Observateur» (L´Obs), Ursula Gauthier, por un artículo donde criticaba su respuesta al terrorismo tras los atentados de París. Tras una feroz campaña contra ella en los medios estatales, que la acusaron de defender «actos terroristas» e incluso la señalaron con su nombre, su carné de prensa no ha sido renovado este año y tendrá que marcharse del país al quedarse sin visado.
La nueva normativa sigue los mismos preceptos que la Ley de Seguridad Nacional aprobada en julio, que ya preveía que todas las infraestructuras clave de información e internet debían ser «seguras y controlables». Tan estrictas regulaciones alarman a las compañías tecnológicas occidentales, que temen que la Policía les obligue a entregar la información y los datos que las autoridades consideren oportunos con el pretexto del terrorismo o la seguridad nacional.
Derechos básicos
Para calmar esta inquietud ante una posible indefensión jurídica, el vicepresidente de la División de Leyes Criminales del Parlamento, Li Shouwei, prometió que la nueva regulación «no afectará a los negocios normales de las empresas ni instalará “puertas traseras”, ni infringirá los derechos de propiedad intelectual o la libertad de expresión de los ciudadanos en internet ni su libertad religiosa», informa Efe. Tras conocerse el borrador de esta ley antiterrorista, había cundido la preocupación ante la posibilidad de que las autoridades instalaran «puertas traseras» en los programas de las compañías tecnológicas para controlar su información. De todas maneras, el régimen chino bloquea numerosos portales y contenidos de internet, como Twitter, Facebook y Youtube, prohibidos por no someterse a la censura.
«Esta ley se halla en consonancia con el trabajo que hace falta para luchar contra el terrorismo y básicamente es lo mismo que hacen otros países», defendió Li Shouwei, informa Xinhua. En esa misma línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, señaló la semana pasada que «la nueva ley buscará el equilibrio entre la lucha antiterrorista y la protección de los derechos humanos». Una promesa que, a tenor de las críticas internacionales que recibe el autoritario régimen chino, siembra bastantes dudas.
