MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) –
La reforma de la justicia universal ha cosechado siete propuestas de veto y una veintena de enmiendas en su tramitación en el Senado, donde se aprobará en los próximos días sin que previsiblemente sufra cambios. En caso de salir intacta, será publicada en el Boletin Oficial del Estado y supondrá el archivo de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional.
El PSOE, Izquierda Unida, el PNV, ERC y la Entesa han interpuesto sus propuestas de veto al entender que el texto lanza un mensaje de impunidad y considerar un "escarnio" que sobresea investigaciones en curso, como el caso Couso o el genocidio del Tibet.
El PSOE cree que envía "un mensaje de impunidad" a los responsables de "gravísimos" delitos contra la humanidad y critica la "atropelladísima" y "discutible" tramitación que ha seguido la reforma, que ha reflejado de nuevo el "escaso respeto" del PP hacia el Parlamento y las "reglas del juego democráticas".
Por su parte, la Izquierda Unida ve en la reforma "un retroceso en la lucha contra la impunidad" de estos crímenes, en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación de la Justicia y recuerda que muchas víctimas no pueden acceder a la Corte Penal Internacional.
En esta misma línea, se pronuncia el PNV al destacar el "retorno al pasado y el gran paso atrás" que conlleva la iniciativa del Partido Popular. "La impunidad es un insulto a la conciencia democrática universal", señalan los nacionalistas, para añadir que la proposición adolece del "más mínimo rigor democrático".
INTROMISIÓN EN EL PODER JUDICIAL
La Entesa ha presentado dos propuesta de veto por el carácter restrictivo y el mecanismo "inconstitucional" de la proposición de ley. En este sentido, tacha de "escarnio" su aplicación retroactiva para cerrar investigaciones en curso.
ERC recuerda que España ha asumido distintas obligaciones internacionales que le imponen el deber de perseguir ciertos crímenes de especial gravedad, lo que anula la reforma del PP, que excluye además la personación de la acusación popular para actuar en estos procedimientos.
ERC tilda de "intromisión intolerable" en el poder judicial que la reforma obligue a archivar los casos abiertos que no reúnen los nuevos requisitos y censura que "vulnera de forma flagrante" el principio de seguridad jurídica.
