El 21 de marzo deberá entrar en vigor la ley que acaba con la justicia universal, y en los días siguientes deberán archivarse una docena de sumarios de la Audiencia Nacional. El PP ha impuesto en el Congreso y en el Senado un trámite insólito en una reforma de estas características para cerrar casos como el del genocidio en Tíbet que provoca fricciones con el Gobierno de China.

“Es como si el régimen chino impusiera el orden del día del Congreso”, resumió un portavoz de la oposición lo que este jueves se votó en el pleno. El PP impuso un trámite de lectura única, sin discusión en comisión y acortando al mínimo los plazos, con la colaboración del presidente del Congreso, Jesús Posada, que para cumplir ese ritmo celebró un pleno extraordinario y anunció otro para el jueves que viene. Tanta prisa tiene el Gobierno, que ese pleno se celebrará a continuación del debate sobre el estado de la nación.

Esa tramitación esa prevista solo para casos de urgencia o de textos sin complejidad, pero en ningún caso para proposiciones apoyadas por un solo grupo o reformas legales que supongan archivo inmediato de sumarios.

Por eso todos los grupos, salvo el PP, se negaron a participar en la votación. Los diputados de IU y el resto se mantuvieron en el hemiciclo sin votar, una vez que sus portavoces hablaron de “fraude democrático”, “atropello”, “intromisión en el poder judicial” y “rodillo” del PP.

Reforma constitucional

El de los populares, Leopoldo Barrera, se escudó en que en 2009 el Gobierno del PSOE utilizó la fórmula de la enmienda en la Ley de Oficina Judicial para establecer límites en la justicia universal. Aquel cambio se hizo con acuerdo entre los dos grandes partidos. Esa limitación se convierte ahora eliminación casi total.

El PP, bajo la dirección del Ministerio de Justicia, incluirá algunas enmiendas técnicas, según fuentes del Grupo Popular. La reforma legal ha provocado malestar entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que estudian presentar una cuestión de inconstitucionalidad. Consideran que no solo obliga a archivar sumarios como el del Tíbet, el de Guantánamo o el de la muerte en Irak de José Couso, sino que dificulta su labor contra la delincuencia internacional.

El PSOE sostiene que vulnera tratados internacionales firmados por España y podría llevarlo al Constitucional.