La ley limita la competencia a los supuestos en los que los responsables son españoles o extranjeros con nacionalidad española
El Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad desestimar el recurso presentado por el PSOE contra la ley de justicia universal de 2014, que se aprobó solo con los votos de la mayoría absoluta del PP y que recorta el ámbito de aplicación de esa norma, han informado a Efe fuentes del tribunal.
La ley establece que la justicia española solo puede perseguir delitos de justicia universal si los responsables son españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
Su entrada en vigor -criticada por la oposición y cuestionada por jueces de instrucción de la Audiencia Nacional- conllevó el archivo de causas como la del Tíbet, los vuelos de la CIA y la del Congo o la del cámara José Couso, asesinado en la guerra de Irak hace 15 años.
"La norma, que limita la competencia de la justicia española, conllevó el archivo de causas como la del Tíbet, los vuelos de la CIA y la del Congo o la del cámara José Couso"
Los socialistas recurrieron al TC al considerar que esa ley vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, además de atacar la independencia judicial. Ahora, el TC ha avalado la adecuación a la Constitución de la norma en una resolución cuyo contenido se divulgará en próximas fechas. No obstante, el aval del TC llega cuando el Gobierno ya ha dado los primeros pasos para modificar la normativa y volver a la anterior, que estuvo vigente desde 2009 y 2014.
El Ejecutivo ha nombrado un comité asesor para estudiar ese cambio, pero al tiempo el Parlamento sigue sus ritmos y tramita una proposición de ley de ERC que es si cabe más ambiciosa y propone volver a la legislación anterior a 2009.
Todos los grupos parlamentarios -incluido el PP- están de acuerdo en modificar esa norma y suprimir las limitaciones impuestas en 2014.
Justicia
El PP presentó una enmienda que corrige uno de los principales recortes que impuso a la justicia universal en 2014, de modo que los tribunales españoles podrían perseguir delitos cometidos en el extranjero si hay víctimas españolas, sin necesidad de que los presuntos criminales estén en España.
