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EL MUNDO: Pólvora china para dinamitar la justicia universal

EL MUNDO: Pólvora china para dinamitar la justicia universal

OPINION

Jiang Zemin durante la apertura del XVIII Congreso del Partido...

Jiang Zemin durante la apertura del XVIII Congreso del Partido Comunista chino en 2012. AFP

OPINION

Pólvora china para dinamitar la justicia universal

Jiang Zemin durante la apertura del XVIII Congreso del Partido...

Jiang Zemin durante la apertura del XVIII Congreso del Partido Comunista chino en 2012. AFP

Actualizado: 29/03/2014

El principio de la llamada justicia universal ha sido desde hace más de tres lustros un constante dolor de cabeza diplomático para España. Las presiones internacionales, desde Chile, Israel y la Unión Africana a pesos pesados como Estados Unidos y China, ya precipitaron una primera reforma legislativa que restringía severamente el alcance de dicha jurisdicción universal. Aconteció en el año 2009 bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, ha sido la segunda reforma legal impulsada el mes pasado por el actual Gobierno de Mariano Rajoy la que, más allá de la aparente resistencia de algunos jueces de la Audiencia Nacional ante la eventual inconstitucionalidad de la nueva norma, puede significar su liquidación definitiva. Ahora bien, ¿por qué dicha reforma se ha llevado adelante precisamente ahora? Y más importante: ¿por qué se ha reformado la ley por un procedimiento legislativo de urgencia y sin los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial? La sombra de China planea irremediablemente sobre todo el asunto.

La cronología de los hechos sugiere que el Gobierno ha sucumbido a las presiones ejercidas por China, consecuencia de la causa en la Audiencia contra cinco líderes chinos por el genocidio tibetano.

Ello es así porque la cronología de los hechos sugiere poderosamente que el Gobierno español ha sucumbido a las presiones ejercidas por China, consecuencia de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra cinco líderes chinos por el genocidio tibetano. La querella fue admitida en 2006 pero fue a finales del pasado año cuando la causa se puso al rojo vivo después de dos actuaciones judiciales consecutivas. Por un lado, la imputación de Hu Jintao, presidente chino hasta 2013; y, por otro, la orden de busca y captura internacional cursada por la Audiencia Nacional contra cinco líderes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin. La orden tramitada a través de Interpol implica la detención de cualquiera de ellos si deciden salir de su país.

Fue entonces cuando China lanzó una ofensiva diplomática en todos los frentes. Públicamente, el portavoz de Exteriores del país asiático expresó su "profundo malestar" e instó a las autoridades españolas a que "se tomen en serio la preocupación china y no hagan nada que dañe al lado chino y las relaciones entre España y China". Zhu Weiqun, presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos y Religiosos del órgano consultivo del Parlamento chino, fue incluso más lejos: "¡Que sigan adelante si se atreven!", dijo en referencia a la actuación judicial. Asimismo, el pasado mes de noviembre el Ministerio de Exteriores chino convocó al embajador español en Pekín, Manuel Valencia, a quien se trasladó el enfado de las autoridades chinas.

Y, prácticamente al mismo tiempo, en Madrid se producían también contactos entre el Ministerio de Exteriores español y personal de la embajada china en España. ¿Qué ocurrió en esas citas, qué se dijo y cómo se dijo? Al ser consultadas, las fuentes del Ministerio español se acogieron al viejo recurso: "no comment". Pero de las declaraciones públicas de la diplomacia china puede intuirse perfectamente por dónde fueron los tiros: "Si este asunto puede gestionarse de manera apropiada o no, guarda relación con el desarrollo saludable de los lazos" entre ambos países, dijeron fuentes diplomáticas chinas, las cuales expresaron su deseo de que "el Gobierno español sepa distinguir lo correcto de lo equivocado".

También en noviembre se fraguó la visita de una delegación de Asamblea Nacional Popular, la cámara legislativa del régimen comunista, al Congreso de los Diputados español. La razón de la visita, aunque coincidía sospechosamente en el tiempo con toda la polémica judicial y diplomática, era tratar "asuntos de etnias minoritarias, relaciones entre China y España, y relaciones entre la Asamblea Nacional Popular y el Congreso de España", según reza la carta enviada por la embajada china el 6 de noviembre de 2013, a la que ha tenido acceso este periódico.

En la visita, que se produjo finalmente cinco semanas después, no participaron ninguno de los primeros espadas de la Comisión de Exteriores del Congreso, esto es, ni el presidente de la comisión, Antoni Durán Lleida, ni los portavoces del PP y PSOE. "Se lavaron las manos", explica un diputado que sí estuvo presente, quien confirma que las anteriores ausencias tenían que ver con la causa judicial abierta por el genocidio en el Tíbet: "estaba clarísimo que la delegación china venía para tratar el tema de la Audiencia", advierte. Wu Yingjie, vicesecretario del Partido Comunista chino en Tíbet que encabezó la delegación china, fue el primero en tomar la palabra. Y el encuentro acabó en rifirrafe.

La impunidad de los gigantes

En lo propagandístico el suyo fue un discurso ortodoxo, enumerando los supuestos beneficios que las políticas chinas han llevado al Tíbet y guardando un prudente silencio respecto a la represión política y los derechos humanos. Cuestiones éstas a las que sí aludió en su alocución Aitor Esteban, portavoz del PNV, lo que provocó la reacción furibunda y muy enfadada del jefe de la delegación china, con críticas durísimas al gobierno tibetano en el exilio y al Dalai Lama incluidas. Puso paz el consejero político de la embajada china en Madrid, Huang Yazhong, quien reconoció a continuación que la razón fundamental de la visita era el caso abierto en la Audiencia Nacional.

Educadamente y en un perfecto español, y ya sin traducción simultánea para los demás miembros de la delegación china, Huang Yazhong dio argumentos jurídicos a los legisladores españoles acerca de lo inadecuado de la jurisdicción universal al tiempo que defendía que el caso por genocidio tenía una base infundada. "Queremos convencer al gobierno español de que no hay argumentos para mantener este asunto abierto en la Audiencia Nacional", zanjó. No se levantó acta alguna de la sesión. Y semanas después el Grupo Popular en el Congreso iniciaba la tramitación exprés de la reforma legal que vacía de contenido el principio de la jurisdicción universal, llevándose por delante la causa contra los dirigentes chinos.

Para Alan Cantos, director del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), principal querellante de la causa, hay pocas dudas de que hay una relación causa-efecto entre la presión ejercida por China como consecuencia de la imputación de Hu Jintao y la orden de arresto de los otros cinco dirigentes chinos, y la maniobra del Gobierno de Mariano Rajoy para dar carpetazo a la jurisdicción universal. "Es obvio que ha sido en particular, pero no exclusivamente, la causa del Tíbet", apunta Cantos, quien califica de "tremenda vergüenza para nuestro país" la "sumisión del Gobierno de Rajoy" a las presiones de China. "Dios te libre de tocar la impunidad de los gigantes", resume, en referencia a las presiones ejercidas por Estados Unidos y China para desactivar las causas de justicia universal abiertas contra ellos.

China, en concreto, ya se mostró especialmente beligerante con este asunto cuando, en respuesta a la comisión rogatoria presentada por el juez Santiago Pedraz en 2009 en el marco de la investigación de la causa del Tíbet, señaló en un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores español que "la tramitación de la Audiencia Nacional de España de dicha falsa querella ha violado los principios básicos de jurisdicción e inmunidad de Estado que el Derecho Internacional establece". Asimismo, señala que "la parte china deniega con firmeza cualquier solicitud de asistencia judicial relacionada con este caso y exige que el Gobierno español asuma las responsabilidades del Derecho Internacional que le corresponden".

Se da la circunstancia de que el régimen chino ya se inmiscuyó en otro caso judicializado en España que afectaba a más de un centenar de ciudadanos chinos. Fue días después de estallar la Operación Emperador de la Policía Nacional, que desmanteló las estructuras de blanqueo y evasión de capitales de los principales importadores mayoristas chinos en nuestro país cuyo centro de operaciones estaba en Cobo Calleja. A la supuesta presión de la alta delegación china de la provincia de Zhejiang, de donde es originario el jefe de la trama desmantelada, Gao Ping, se sumó la de los diplomáticos chinos con el embajador a la cabeza, en sus reuniones con los altos funcionarios españoles de Exteriores.

"Hubo frases veladas como que el caso podía enturbiar las relaciones entre los dos países", reconoce una fuente diplomática española que participó en las reuniones. Y aunque las relaciones económicas y comerciales entre los dos países no es tan importante ni fluida como la de otros países de nuestro entorno, parece que el gobierno español habría preferido dinamitar la jurisdicción universal antes que enfadar a la segunda potencia económica mundial. Un eventual viaje de Estado de Mariano Rajoy a China estaría sujeto también a la completa resolución del conflicto por las causas judiciales, a lo que se suma la percepción en España de que China es un socio fundamental para nuestra recuperación económica y para el futuro, tanto por la compra de deuda como por las inversiones potenciales en España que aún están por llegar.

(*) Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo son los autores de 'La Silenciosa Conquista China' (Ed. Crítica, 2011) y 'El Imperio Invisible' (Ed. Crítica, 2013)

 

Data noticia: 
Diumenge, 30 Març, 2014
Tipus: 
Notícia sobre la Casa del Tíbet